Fuente: Semanario Búsqueda.- 07/02/2008.
El periodista Álvaro Alfonso reclamó a la ministra del Interior, Daisy Tourné, acceder a los archivos y “ficheros” del Partido Comunista del Uruguay (PCU) que se encuentran en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), como ya lo hizo un equipo de investigadores contratados por el gobierno para el libro “Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos” que la Presidencia de la República editó a mediados del año pasado.En una nota que le remitió a la ministra el viernes 1 el periodista señala la actitud discriminatoria de esa Secretaría de Estado y Advierte que de no accederse a su pedido recurrirá a otros mecanismos en el {ámbito nacional e internacional.Alfonso prepara actualmente un libro histórico sobre la actividad del PCU por lo que necesita “acceder a estos archivos para cotejar datos manejados y publicados durante el gobierno de facto, varios de los cuales son falsos o fueron alterados en ese período”.“Cuál es la diferencia entre la autorización concedida al equipo designado por el gobierno y mi solicitud?, comentó Alfonso a Búsqueda.“Si no logro mi objetivo, recurriré a la Justicia y a la OEA”, advirtió.El periodista le presentó a Tourné el pedido hace casi un año. En una nota del 20 de marzo de 2007 solicitó ver la documentación en poder de la DNII entre 1973 y 1985 y el microfilme del llamado “fichero” del PCU.La ministra le remitió el informe al Departamento Jurídico de la Asesoría Letrada. El 16 de mayo del año pasado, el abogado Ariel Sanabria dijo que antes de brindarle la información a Alfonso se le debería solicitar la opinión a la DNII.Cuatro meses más tarde, el 5 de setiembre, Sanabria realizó un dictamen en el que expresa que “el dueño de la información es esta Secretaría de Estado y por supuesto que no se pueden dar nombre de quienes están ingresados en dichos ficheros a terceros” y que “la filiación política partidaria de una persona es de carácter privado y no puede ser revelada a terceros”.En la nota a la ministra, Alfonso señala que a diferencia de su caso los investigadores del gobierno no sólo accedieron a ese archivo el 7 de abril de 2006 sino que además, como lo expresan en el libro, la DNII les “facilitó una sala independiente con computadora y teléfono” y también “la utilización de una fotocopiadora del servicio”.“Yo no necesito tanto, puedo hacer la consulta parado”, comentó Alfonso.En la nota el periodista recuerda que el libro reseña en la página 26 síntesis de los documentos a los que accedieron los investigadores que incluyen fichas, prontuarios, información y movimientos de los integrantes del PCU.Alfonso, autor de una serie de libros sobre la historia reciente, algunos de los cuales fueron citados por la fiscal Mirtha Guianze en expedientes sobre violaciones a los derechos humanos hace notar que para tener la misma posibilidad que los investigadores del gobierno “se necesita una decisión política que sólo la ministra puede adoptar”.
