2nd – 4th July 2012

Fitzwilliam College, Cambridge, UK

Conference Themes

* Google sends first batch of answers to France’s CNIL

* French regulator is leading a Europe-wide inquiry

* Rest of answers due April 15

* Google could face administrative sanctions, fines

By Leila Abboud and Claire Davenport

LONDON, , April 5 (Reuters) – Web search giant Google defended the lawfulness of its new privacy policy and the measures it had taken to educate users about it, in a letter sent on Thursday to French data protection regulators investigating its approach.

Google sent responses to half of the questions asked by France’s Commission Nationale de l’Informatique (CNIL) about three weeks ago in the form of an 18-page letter and a lengthy annex. It will provide the rest by April 15.

The CNIL will then analyse the responses in its role as the leader of the investigation on behalf of data protection regulators in Europe’s 27 member states. The CNIL has already said it has “strong doubts” that Google’s new approach to privacy complies with European law.

French data protection watchdog in March asked Google to explain what it will do with user data it collects, how long it will store it and whether it will be linked to the person’s real identity, as well as the legal justification for its approach.

Jacob Kohnstamm, who heads the Netherlands’ data protection authority and the pan-European advisory body that gathers all such regulators, told Reuters that the investigation could lead Google to face a range of sanctions.

The CNIL can either issue an administrative caution, giving the company anything from a week to a few months to rectify their actions, or an outright fine, Kohnstamm said, explaining that many countries in the EU approach breaches differently.

Google’s global privacy counsel Peter Fleischer said in his letter to the CNIL that the company was committed to providing users with comprehensive privacy information and willing to meet European regulators to explain its approach.

“We are convinced that the overall package of our privacy notices respects completely the requirements of European data protection law,” wrote Fleischer.

Google said in January it was simplifying its privacy policy, consolidating 60 guidelines into a single one that will apply for all its services, including YouTube, Gmail and its social network Google+.

The U.S. company also said it will pool data it collects on individual users across its services, allowing it to better tailor search results and improve service.

Users cannot opt out of the new policy, which took effect in early March, if they want to continue using Google’s services.

The debate over data privacy comes at a delicate time for Google, whose business model is based on giving away free search, email, and other services while making money by selling user-targeted advertising.

It is already being investigated by the EU’s competition authority over how it ranks search results and whether it favours its own products over rival services. EU Competition Commissioner Joaquin Almunia said last month he would decide whether to formally charge Google after Easter on April 8 or drop the investigation which began in 2010.

The European Union is also in the process of writing a new law to tighten data protection online, which includes creating a so-called right to be forgotten to allow people under some circumstances to request to have data they submitted or posted on websites removed.

Among the issues the CNIL raised in its questions was whether Google will track people using mapping or search their smartphones and use facial recognition technology on users’ photos.

In the first batch of responses to the CNIL, Google said that it did gather and process location data on its users when they used services such as Google Maps and social network Google+ but that it was on an opt-in basis.

“We are not collecting any new or additional information under the updated Privacy Policy. Nor are we changing the strong protections that we provide for location information,” Google said in its letter.

As for the facial recognition feature, dubbed ‘Find my Face’, Google said it was purely optional and users of the social network can easily turn it off.

CNIL also asked 21 out of its 69 questions about Google’s plans to share the data it collects on users across its services, but Google has not yet responded to them.

Según se difundió en la noche del miércoles en el programa A dos voces, que se emite por el canal TN, el titular de la fuerza mencionó la puesta en marcha de una operación, conocida como “Proyecto X”, que comprendería la inclusión de agentes infiltrados en las protestas sociales para obtener información de sus líderes.

La denuncia, avalada por organizaciones sociales y dirigentes políticos de la oposición, se conoció en medio del fuerte reclamo de sectores políticos y gremiales para exigir la derogación de la ley antiterrorista, impulsada por el gobierno “K” y sancionada a fines de 2011.

Schenone habló sobre el funcionamiento de esta división en una nota, de cuatro carillas, enviada el 22 de diciembre del año pasado al juzgado federal de Norberto Oyarbide -un juez vinculado al kirchnerismo-, en una causa relacionada con protestas contra la empresa Kraft.

Un grupo de delegados gremiales y activistas de derechos humanos ya se había presentado en noviembre ante el juez Oyarbide para denunciar penalmente que “en diversas manifestaciones y reclamos gremiales o sindicales se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional”.

Al justificar la realización de las tareas de inteligencia, el titular de Gendarmería explicó que se llevan adelante como parte de acciones adicionales a investigaciones judiciales, que no precisó.

Salvo que estén ordenadas por la Justicia, las acciones de espionaje interno están prohibidas expresamente en la Ley de Seguridad Interior y en la Ley de Inteligencia Nacional en Argentina.

El objetivo del llamado Proyecto X sería obtener información personal, movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de líderes de movimientos políticos y sociales. Se recabarían, así, datos sobre recursos financieros y bancarios (movimientos en las cajas de ahorro, plazos fijos, cheques y tarjetas de crédito) y detalles de índole privada, como si la persona fuma o bebe alcohol.

También se difundió un video que denuncia la infiltración de agentes de la Gendarmería en protestas sociales para hacer inteligencia e identificar a cabecillas de las manifestaciones.

La causa judicial en la que Schenone habló del programa de inteligencia lleva el nombre de Darío Javier Hermosilla, quien fue delegado sindical y formó parte de las protestas contra la empresa Kraft, que incluyeron cortes en la Ruta Panamericana, a partir de 2007.

Acusación. El abogado Marcelo Parrilli, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), atribuyó responsabilidades políticas al gobierno. “No podemos pensar que esto es una creación de la Gendarmería. Los jueces tienen que investigar”, reclamó al apuntar, principalmente, a los ministros de Seguridad, Nilda Garré; de Defensa, Arturo Puricelli, y del Interior, Florencio Randazzo.

La exdiputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, recordó que el año último presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para recabar información sobre tareas de inteligencia militar.

“¿Qué diferencias hay con lo que hacía (el excapitán de la fragata de la armada argentina, Alfredo) Astiz?”, se preguntó Gil. Apodado el ángel rubio o el ángel de la muerte, y acusado de varios delitos de lesa humanidad, Astiz se infiltró en las organizaciones de derechos humanos como espía durante la última dictadura militar.

Medida. Diputados opositores resolvieron presentar un pedido “de urgencia” a Garré, para que se presente en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara a declarar sobre el los casos de espionaje.

Según los diputados opositores, “Gendarmería Nacional está construyendo una base de Inteligencia Criminal”.

“Es necesario” contar con bases de inteligencia criminal como herramienta para combatir la inseguridad, el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, “lo que no se puede es utilizar” esto “en una maquina de espiar o de clasificar a organizaciones políticas o sociales”, precisaron.

Señalaron que para ellos el Proyecto X es “una base de datos que nutre a la justicia de información sobre organizaciones criminales” y, si no está protegida, se convierte en un instrumento “peligroso”.

El gobierno porteño advirtió que sería “terrible” que la Gendarmería Nacional haya confeccionado una base de datos ilegal sobre dirigentes sociales y políticos, y reclamó a la Justicia que “investigue a fondo” si efectivamente se confeccionó. Así lo indicó ayer el jefe de gabinete de la comuna metropolitana, Horacio Rodríguez Larreta, que aseguró que, el Proyecto X de inteligencia de Gendarmería “es volver a la Argentina de las peores épocas”.

Y agregó: “Si se comprueba, es terrible. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales o de la oposición. No podemos tener la duda de si están pasando o no. Si se confirma, sería una pésima noticia. Hay que identificar a los responsables: quién lo pidió esto, quién lo mandó”.

El gobierno porteño también enfrentó en 2010 un escándalo por espionaje cuando varios miembros de la Policía fueron procesado por escuchas.

La cifra
25.520 Es la Ley de Inteligencia argentina que prohíbe las tareas de espionaje, salvo que exista una orden de la Justicia que lo habilite.

Autoridad se mueve fuera de la ley
La ley de inteligencia, número 25.520, contiene un artículo que expresamente prohíbe que se realicen tareas de inteligencia a personas por el solo hecho de ser miembros de partidos políticos, asociaciones sindicales o grupos sociales.

Esto habría sido violado por la Gendarmería nacional, tras admitir que realizó tareas de espionaje y la inclusión de agentes infiltrados para tener información de líder opositores.

La ley fue sancionada en 2001, cuando los grupos piqueteros estaban en su apogeo. Por eso, se incluyó una prohibición clara y expresa.

La ley permite realizar operaciones de inteligencia, pero para prevenir o perseguir delitos y, en estos casos, se debe actuar con autorización judicial.

Sin embargo, la norma es clara en cuanto prohíbe las tareas de inteligencia sobre personas que participan en organizaciones sociales o políticas, “por el solo hecho” de esa pertenencia, es decir, mientras no cometan un delito. La Nación/GDA

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By Constant Brand and Toby Vogel  - 

12.01.2012 / 05:20 CET

Commission tells Hungary it has five days to bring its constitution into line with EU law.

Hungary has been given five days to bring its new constitutional provisions into line with European Union law, or face legal action from the European Commission. The Commission would take “appropriate decisions” next Tuesday (17 January), when commissioners meet in Strasbourg, José Manuel Barroso, the Commission president, said yesterday (11 January).

The new constitution, produced by the government of Prime Minister Viktor Orbán, entered into force on 1 January. The parliament – where Orban’s centre-right Fidesz holds more than two-thirds of seats – adopted implementing legislation on 30 December. The Commission says it is “preoccupied that a number of the new provisions may violate EU law”.

A strongly worded statement from Barroso’s office identifies risks to the independence of Hungary’s central bank and of the country’s data protection officer, and concern over a provision for mandatory early retirement of judges and prosecutors. The threat to the central bank’s independence prompted the EU and the International Monetary Fund to break off talks on financial assistance to Hungary last month.

“The Commission stands ready to make full use of its prerogatives to ensure that member states respect the obligations they have accepted as members of the European Union,” the statement said. Waving the stick of infringement proceedings is clearly intended to prompt rapid Hungarian compliance. “The swiftest way to lay to rest the concerns mentioned would of course be action by the Hungarian authorities themselves,” the statement concludes.

The Commission can refer violations of treaty provisions to the European Court of Justice under Article 258 of the Lisbon treaty. Article 7 of the Lisbon treaty also allows the EU to impose sanctions on a member state in “serious and persistent breach” of freedom, democracy, human rights and other EU values enshrined in the treaty.

A Commission official said that there was no intention at present to invoke Article 7: “That is like a nuclear option, a weapon of last resort,” the official said. But Guy Verhofstadt, the leader of the liberal ALDE group in the European Parliament, plans to seek an Article 7 procedure, which can be launched by the Council of Ministers “on a reasoned proposal” by one-third of member states, by the European Parliament, or by the European Commission. “The Hungarian crisis is as important as the euro crisis,” he said. “Both concern the credibility of our Union in the eyes of our citizens.”

Writing in this edition of European Voice, János Martonyi, Hungary’s foreign minister, defends the constitutional reform against “summary judgements”. He writes that the government is “open to criticism, provided it is fair and specific”, and concedes: “We were certainly not immune to error, including errors of judgement and of communication.”

György Schöpflin, a Hungarian Fidesz MEP, also said that the Hungarian government was willing to make changes. “It is a question of interpretation,” he said. “If there is something to be done, the Hungarian government will do it.” But he cautioned against calls for sanctions against Hungary. “The more they attack, the more they will drive people to the far-right Jobbik party in Hungary,” Schöpflin said. MEPs on the civil liberties committee will discuss the matter with a senior Commission official today (12 January), in preparation for a plenary debate next Wednesday (18 January).

In a separate development, also yesterday, Olli Rehn, the European commissioner for economic and monetary affairs, announced that the Commission would take measures against Hungary for failing to curb its excessive public deficit.

The New York Times

Legislators Support Internet Privacy, but Question How to Achieve It

By EDWARD WYATT

WASHINGTON — Lawmakers examining the Federal Trade Commission’s recommendation for a “do not track” mechanism to restrict the monitoring of Internet users said that they supported stricter safeguards for consumer privacy, but raised questions on how the system would work.

Many also expressed concern that it would undermine one of the main pillars of the Internet’s growth — the development of free, advertising-supported content.

Even within the F.T.C. itself, there is not unanimous support for a do-not-track effort. William E. Kovacic, a Republican commissioner who was the agency’s chairman during the last year of the Bush administration, concurred with the decision to release the F.T.C. report on Wednesday. But he added that he believed the do-not-track recommendation was “premature,” and that the commission needed to present “greater support for the proposition that consumer expectations of privacy are largely going unmet.”

Some Democrats in the House and the Senate, however, have already embraced the idea of a do-not-track mechanism. On Thursday, Representative Ed Markey, a Massachusetts Democrat, said he would introduce a bill that would put in place such a system to prevent the tracking of children using the Internet.

At a House subcommittee hearing on Wednesday, Republicans generally expressed caution with varying degrees of support for stricter privacy measures. “We need to be mindful not to enact legislation that would hurt a recovering economy,” said Representative Ed Whitfield of Kentucky, the leading Republican on the House Subcommittee on Commerce, Trade and Consumer Protection.

“While I agree it is important to have consumers understand what information is being collected and how it is used,” Mr. Whitfield said, “we need to seriously discuss the do-not-track model and evaluate whether it accomplishes the appropriate objectives.”

Officials from the trade commission and the Commerce Department, which is preparing its own report about online privacy for release before the end of the year, said that they had not yet seen examples of enhanced privacy measures affecting advertising revenues.

“There are more and more companies that are offering users some kind of opt-out, enhanced-notice mechanism, and I don’t believe we’ve seen dramatic fall-off of advertising revenues as a result,” said Daniel J. Weitzner, associate administrator for policy at the National Telecommunications and Information Administration, a bureau in the Commerce Department that is preparing the report.

He acknowledged that caution was required. “I think that there are mechanisms that could be mandated that could have a dramatic impact on advertising,” Mr. Weitzner added.

Some companies that sell advertising agreed. Joan Gillman, an executive vice president at Time Warner Cable, said in a statement to the subcommittee that “do-not-track could hinder job creation within the advertising industry and by Web sites that rely on advertising revenues,” as well as “inhibit innovation and the development of new services.”

But Susan Grant, the director of consumer protection at the Consumer Federation of America, said that the type of all-encompassing surveillance becoming increasingly common online would rarely be tolerated.

“If someone were following you around in the physical world — tailing you and making note of everywhere you go, what you read, what you eat, who you see, what music you listen to, what you buy, what you watch — you might find this disturbing,” she said.

“On the Internet,” she added, “even if the tracker doesn’t know your name, you are not anonymous.” She pointed to technology like so-called cookies and other persistent, digital identifiers that “are essentially personally identifying information.”

Putting in place a do-not- track system would probably require Congressional action. Mr. Whitfield and others also raised questions about whether the government was the best party to devise and put in place a do-not-track system. He also suggested that the collection of information about people who do not want to be followed online would itself create new privacy problems.

David Vladeck, director of the trade commission’s bureau of consumer protection, responded to that concern by saying that the government would not need to be involved in managing such a system; it would only enforce its requirements.

“We’re not proposing the creation of a list,” Mr. Vladeck said. “Nor are we proposing a centralized system managed by the federal government. While the Federal Trade Commission must be able to ensure through enforcement that a do-not-track mechanism effectively implements consumer choice, there is no need for it to be administered by the federal government.”

In addition, a do-not-track feature would be different from the national do-not-call registry in significant ways, Mr. Vladeck said. While the do-not-call registry uses a phone number as a unique identifier, there exists no such identifier for computers. Internet protocol addresses can change frequently, and consumers typically use multiple devices and Internet service providers to access online content.

There have been hints of broader support among House Republicans for stricter privacy measures, including from Representative Joe L. Barton of Texas, currently the ranking Republican on the House Energy and Commerce Committee and who is expected to be a strong contender to become chairman of the committee.

“I want the Internet economy to prosper, but it can’t unless the people’s right to privacy means more than a right only to hear excuses after the damage is done,” Mr. Barton said in a statement issued after the F.T.C. released its report on Wednesday. “In the next Congress, the Energy and Commerce Committee and our subcommittees are going to find out if Internet privacy policies really mean anything, and if necessary, how to make them stick.”

Published: December 2, 2010

European Commissioner on Data Protection

NEWEUROPE online POST, 03012012.

BRUSSELS - The key instrument of the current EU legal framework for Data Protection and Privacy – the general Data Protection Directive 95/46/EC – was without any doubt a great achievement. It has an impressive history, building on human rights’ protection. But, the truth is now that the Directive is starting to show its age. It is approaching its “final consumption date” and clearly not sustainable for a longer period. When the Directive was adopted in 1995, the Internet was still hardly visible and in any case far from its present highly dynamic reality. We now live in a world that is increasingly global, internet driven and dependent on the wide spread use of ICT in all areas of life, including the most private and intimate ones. That means that there is not only a need for modernisation, but also an urgent need to ensure that the principles of data protection continue to be fully effective in a changing world. “Effectiveness” is not only required in a legal sense, but also and most of all, in a practical sense: legal safeguards are only effective if they are applied in practice, and provide the required protection where it is really needed. Data protection has now become such a relevant factor for other important policy fields that it can somehow be described as a critical success factor for those other policies. Data protection plays a key role as a vital source of legitimacy, trust and confidence.

It should be clear that this is not the time to reinvent data protection. It has been invented and is now recognised as a fundamental right in the Lisbon Treaty. Instead, much attention should be given to making data protection more effective in practice. This means a greater focus on implementation and enforcement of data protection principles and on the delivery of data subject’s rights. A related concern is that some existing formal requirements should be simplified or abandoned, if they are no longer needed for effective data protection.

Another point in this context is the need for greater harmonisation of rules across the EU. The present diversity of national rules is not helpful for effective data protection, and even counterproductive. A strong emphasis on the “internal market” perspective is not only good for international business and cooperating governments, but also for data subjects that increasingly move around the EU, and for the effectiveness of data protection in general.

More effective data protection also requires that data subjects should be enabled to exercise their present rights more easily and should be given a few additional rights to protect their interests where needed. An interesting example is the right to require that personal data are deleted or transferred to another provider – the “right to be forgotten” or the “right to data portability” – which might be particularly useful in the context of social networks or other online services. Strengthening the rights of data subjects would also require a clarification of the situations where consent is required and the conditions that have to be met for valid consent. A lack of clarity about this often leads to a weaker position of data subjects, particularly in the online environment.

Data controllers are now responsible for compliance with data protection rules, but in practice this often only leads to formal arrangements and responsibility “at the end” if something goes wrong. Instead, they should be mandated to be more active and to take all those measures which are necessary to ensure that data protection rules are complied with. This is referred to as the principle of “accountability” that would require data controllers to be able to demonstrate that they have taken all appropriate measures to ensure compliance. The principle of “privacy by design” would fit in the same approach: controllers should be able to demonstrate that appropriate measures have been taken to ensure that privacy requirements have been met in the design of their systems.

Last but not least, supervisory authorities should be given adequate resources and stronger powers of enforcement that are equivalent in all member states. They should also be allowed to use these powers more strategically, including the possibility to be more selective, in the case of substantial risks or systematic wrongdoing. At the same time, the conditions for “complete independence” should be equivalent in all member states. This means that data protection authorities should be free from any influence in the exercise of their duties. It is clear that complete independence is not inconsistent with the principles of democracy and legality. It only requires transparent procedures for appointment and annual reporting on activities, so as to ensure a structured dialogue between independent authorities and governments or parliaments.

A legal framework that would provide all of the above elements would be much better in the position to deal with the challenges of new technologies and globalisation. At this stage, it is also important to clearly define the external scope of EU data protection law. The concept that EU law should not only apply when the responsible data controller is established in Europe, but also when EU consumers are “targeted” – regardless from where over the Internet – seems to attract more and more support. All this will be on the agenda of the European legislator further to a package of proposals from the Commission to be expected early in 2012. The results should be available by 2014, towards the end of the current mandates for the Commission and the European Parliament

Edición del 10.01.2012

Economía

La DGI reliquidará impuestos a 493 contribuyentes y clausurará a 38

Informal. Operativos detectaron no facturación y varias inconsistencias

La DGI solicitará a la Justicia la clausura de 38 comercios y consultorios profesionales y reliquidará impuestos en 493 casos, tras dos operativos de control realizados en diciembre.

Uno los operativos que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) fue el de fiscalización masiva de comercios en las principales arterias de Montevideo.

Los inspectores de la DGI visitaron en dos días a 1.327 empresas ubicadas en 18 de Julio, 8 de Octubre, Agraciada, avenida Italia y la peatonal Sarandí. En primer lugar los funcionarios realizaron controles formales y en los casos que lo ameritó continuaron con auditorías fiscales más profundas las que están en proceso, señaló el director general de Rentas, Pablo Ferreri en un comunicado. Así, “en 428 casos de los 1.327 se inició (o se iniciará) en función de los datos obtenidos auditorías tendientes a la reliquidación de tributos”, agregó.

Además la DGI solicitará a la Justicia la clausura (por hasta un máximo de seis días) de 35 establecimientos. Ferreri dijo a El País que son casos donde se constató que no se emitía factura o boleta.

Por otro lado, los inspectores del organismo realizaron 20 inscripciones de oficio de comercios que estaban funcionando y no estaban inscriptos en la DGI, es decir, informales.

“Estos casos surgieron de detectar los comercios con las fotos digitales proporcionadas con las nuevas herramientas de fiscalización”, explicó Ferreri en el comunicado.

El director de Rentas señaló que los comercios informales son de los que “más irritan a los contribuyentes” y mediante la formalización de los mismos, se cumple con el objetivo de que no haya contribuyentes que “tengan ventajas competitivas sustentadas en la capacidad de evadir impuestos”.

Por esto, el operativo fue “muy positivo” ya que fue “una mirada bien extendida, masiva que nos permitió penalizar a aquellos que no estaban emitiendo boleta”, además de formalizar a comercios, dijo.

PROFESIONALES. Por otro lado, unos 80 inspectores llevaron el operativo de fiscalización a profesionales independientes.

En este caso, la DGI seleccionó a 193 profesionales que se identificaron con mayor riesgo de subdeclaración en base a los nuevos softwares de gestión de riesgo de evasión.

De los 193 auditados “en 145 casos se continúa la actuación o se está a estudio de continuarla para eventualmente reliquidar tributos y aplicación de sanciones, en 48 casos no se detectaron irregularidades”, indicó Ferreri en el comunicado.

Empero, el jerarca dijo a El País que en 65 de los 145 casos ya se detectó que “va a haber reliquidación” de impuestos. Además hay otros tres casos que serán enviados a la Justicia solicitando la clausura.

Los profesionales seleccionados provenían de los rubros abogacía, arquitectura, odontología y consultorios privados de especialistas médicos.

“Para todas estas profesiones se analizaron variables provenientes de diferentes bases de datos para preseleccionar a contribuyentes que presentan `mayor probabilidad` de evasión o subdeclaración y así aumentar la eficiencia en la fiscalización”, explicó Ferreri.

“Esas aplicaciones utilizan datos del fisco (como declaraciones de contribuyentes o resultados de auditorías) y otros de fuentes externas (por cruzamiento de datos) para crear `mapas de riesgo fiscal`. Se estudian las relaciones entre las 180 variables internas y las 360 externas para ordenar a los contribuyentes de acuerdo al riesgo de subdeclaración”, añadió.

En tanto, se detectó “una importante informalidad” en algunos de los rubros seleccionados, “sobre los cuales más allá de este operativo en particular se pondrá especial atención a lo largo del año como es el caso de los consultorios odontológicos y de medicina privada”, aseguró el jerarca.

El director de Rentas estará hoy en Punta del Este, mañana en Punta del Diablo y La Paloma y el jueves en Ciudad de la Costa para evaluar in situ los operativos de fiscalización de temporada turística.

Diferencias por IRAE en show de DJ Guetta

La presentación del reconocido DJ francés David Guetta en Punta del Este sigue dando que hablar y no solo por lo espectacular del show, es que hay diferencias entre la Dirección General Impositiva (DGI) y los organizadores del evento respecto a la facturación (y por ende sobre cuánto deben pagar de impuestos).

Los inspectores de la DGI fiscalizan en Punta del Este las fiestas que convocan mayor cantidad de público y en el caso del show de Guetta encontraron que se vendieron unas 10.000 entradas.

Empero, la organización argumenta que si bien ese es el número de tickets emitidos, hay 5.000 que fueron invitaciones sin costo, dijeron a El País fuentes que conocen el caso.

La controversia está planteada, ya que el organismo insiste con que las entradas vendidas son 10.000 y no 5.000. El argumento de la DGI es que en base a experiencias de eventos anteriores no existe ninguno en el que se regalen la mitad de las entradas, indicaron las fuentes.

Este punto es clave porque determina los ingresos de los organizadores y una vez descontados los costos, las ganancias por las que deben tributar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. Las entradas tenían diferentes precios de US$ 66, US$ 88, US$ 110 y US$ 132.

Por otro lado, los inspectores estuvieron presentes en el show de Guetta fiscalizando el nivel de actividad de las barras (donde se vendían botellas de vodka a $ 6.000 y copas de Chandon a $ 200, entre otros tragos) y en cuánto se vendían las mesas VIP (algunos llegaron a pagar US$ 6.000 por una de ellas) como forma de detectar la actividad del evento.

El País Digital

Montevideo, 08 DIC 2011

VISTO: que el Ministerio de Salud Pública ha priorizado la informatización de los registros de nacidos vivos y de defunción con la finalidad de mejorar y contribuir a las estadísticas vitales del país;

RESULTANDO: I) que se ha elaborado el Certificado de Defunción, con formato electrónico;

II) que dicho formato protege los datos de las personas fallecidas, codificando los datos clínicos contenidos en el mismo;

III) que se elaboraron los programas informáticos para la emisión electrónica de dicho Certificado;

CONSIDERANDO: I) que el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 753 de 14 de diciembre de 1979, establece que el Ministerio de Salud Pública esta facultado para modificar el Certificado de Defunción cuando así lo requieran las necesidades técnicas;

II) que de acuerdo a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 249 de 9 de julio de 2007, se autoriza la implantación del Certificado Médico de Defunción en formato electrónico en todo el territorio nacional;

III) que el establecimiento de la causa de muerte en el Certificado Médico de Defunción, resulta necesario para contar con los datos sobre causas de mortalidad, con el fin de que el Ministerio de Salud Pública puede obtener informes para la elaboración de estadísticas vitales y seguimiento de la situación epidemiológica en el territorio nacional;

IV) que de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 9.202 de 12 de enero de 1934, Orgánica de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública tiene la superintendencia en la materia y allí se determina que “las Intendencias Municipales coadyuvarán dentro de sus respectivas jurisdicciones, en el cumplimiento de las decisiones tomadas por los organismos centrales de Salud Pública”;

V) que es necesario indicar el tipo de tratamiento que recibirá el cadáver a fin de evitar la propagación de enfermedades y proteger la salud de las personas que desempeñan tareas vinculadas a la manipulación de cadáveres y la Salud Pública, según lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 435 de 25 de octubre de 2005;

VI) que la causa de muerte es un dato clínico reservado en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008 sobre Derechos de los Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud y en su Decreto Reglamentario Nº 274 de 8 de setiembre de 2010 y en la Ley Nº 18.331 del 11 de agosto de 2008 sobre Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data;

VII) que deben implantarse mecanismos informáticos y administrativos que aseguren el carácter de reservados de los datos clínicos contenidos en el certificado de defunción de personas fallecidas;

VIII) que dicha protección se encuentra consagrada en los Artículos 28 y 72 de la Constitución de la República;

ATENTO: a lo dispuesto en los Artículos Nos. 28 y 72 de la Constitución de la República, Ley Nº 9.202 de 12 de enero de 1934, Orgánica de Salud Pública, los Decretos del Poder Ejecutivo Nº 753 de 14 de diciembre de 1979, Decreto Nº 435 de 25 de octubre de ’2005, el Decreto Nº 249 de 9 de julio de 2007, Ley Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008 y su Decreto Reglamentario Nº 274 de 8 de setiembre de 2010 y la Ley Nº 18.331 del 11 de agosto de 2008;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase para todo el territorio nacional, el modelo de Certificado de Defunción y el Certificado de Defunción Resumido en formato electrónico, los que se adjuntan y forman parte integral del presente Decreto.

Artículo 2°.- El Certificado de Defunción, contendrá los datos sobre el lugar y fecha del hecho del fallecimiento, los datos patronímicos de la persona, sus datos clínicos y el código al que hace referencia el Artículo 6° de este Decreto.

Artículo 3°.- El Certificado de Defunción Resumido contendrá los datos sobre el lugar y fecha del hecho del fallecimiento, los datos patronímicos y el sistema de códigos determinado en el Artículo 6° de este Decreto.

Se excluye la mención expresa sobre los datos clínicos y la causa de muerte, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008 sobre Derechos de los Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud y a su Decreto Reglamentario Nº 274 de 8 de setiembre de 2010 y Ley Nº 18.331 del 11 de agosto de 2008 sobre Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

Artículo 4°.- El Certificado de Defunción es de carácter reservado y podrá ser solicitado por el Médico firmante del certificado, el Servicio de Salud al que pertenecía la persona fallecida y el Ministerio de Salud Pública.

Podrán solicitar el Certificado de Defunción, presentando los recaudos correspondientes a dichas calidades, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, el cónyuge supérstite, los concubinos con más de 5 (cinco) años de vida en común y los beneficiarios de los Seguros de Vida de la persona fallecida.

Artículo 5°.- El Certificado de Defunción Resumido es el documento que será remitido al Registro de Estado Civil para la inscripción del fallecimiento, a las Empresas Fúnebres y a los Servicios de Necrópolis para la realización de los trámites y los procedimientos correspondientes a la inhumación.

Artículo 6°.- Se aprueba en el Certificado de Defunción y en el Certificado de Defunción Resumido la incorporación de códigos que indiquen el tratamiento que deberá recibir el cadáver de la persona fallecida y orienten los procedimientos de inhumación.

La referencia para el establecimiento por parte del Médico firmante del código correspondiente en cada caso, es la tabla de enfermedades indicada en el Apartado 5 del “Reglamento Técnico” del Decreto Nº 435 de 25 de octubre de 2005, cuya actualización corresponde a la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública cuando la situación epidemiológica del país lo requiera, debiendo comunicar inmediatamente dichas actualizaciones a Estadísticas Vitales y a la Gerencia de Gobierno Electrónico.

Los códigos son los siguientes:

El código A: representa riesgo Bajo, se aconseja embolsamiento, se permite la vista de familiares, se permite embalsamado y la preparación del cadáver.

El código B: representa riesgo Medio, embolsamiento opcional y aconsejable, permitida la vista de familiares, se permite el embalsamado y la preparación del cadáver.

El código C: representa riesgo Alto, embolsamiento obligatorio. No permitida la vista de familiares, no se permite el embalsamado y no se permite la preparación del cadáver.

Artículo 7°.- Cométese al Ministerio de Salud Pública, la instrumentación relativa a la Implementación de lo dispuesto en el presente Decreto

Artículo 8°.- Comuníquese. Publíquese.